Muchos candidatos en estas elecciones, sobretodo en las regiones, fueron blanco de ataques, intimidaciones, amenazas y asesinatos por expresar su derecho constitucional a ser elegidos.
Estas campañas se desarrollaron en medio del dolor, el miedo y la violencia.
La horrorosa situación prendió las alarmas a nivel nacional e internacional, pues diferentes organizaciones sociales y políticas demostraron que ser candidato en Colombia es de alto riesgo, sin importar partido e ideología.
Estas elecciones fueron más violentas que las de 2015. Según Ángela Gómez, investigadora del Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), se presentó un aumento de 58 casos de violencia en contra de aspirantes a cargos de elección popular.
En diálogo con KienyKe.com, Gómez indicó que, entre el 25 de julio hasta el 25 de octubre de este 2019, fueron 132 las víctimas. Aseguró que hace cuatro años fueron 74.
La experta explicó que en estos comicios siete candidatos fueron asesinados; seis hombres y una mujer. "Hubo un aumento de dos casos. En el 2015 se registraron cinco candidatos asesinados", señaló.
El periodo electoral también se empañó por la comisión de otros crímenes. La investigadora mencionó que se presentaron 110 amenazas, 14 atentados y 1 secuestro, en contra de candidatos a las alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y JAL.
Aseguró que donde más se concentró esta violencia fue en los departamentos del Atlántico (25), Cauca (16), Bolívar (12), Antioquia (11), Arauca (9) y Santander (7).
"Este escenario nos ha dejado ver que la violencia en estas elecciones ha ido en contra de todos los partidos políticos. Estas elecciones no era lo que nosotros esperábamos. Son las primeras después de la firma del Acuerdo de Paz y se supone que iban a ser más seguras al establecer medidas de prevención y protección a los candidatos", manifestó.
¿Qué fue lo que pasó?
Para Gómez, una de las razones es que las autoridades hicieron seguimiento electoral cuando ya se habían registrado siete asesinatos y 110 amenazas.
"Debieron empezar a tomar estas medidas de prevención desde hace un año. Esto no sucedió. Le dejaron toda la tarea a la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual no tiene ni el dinero, ni la infraestructura suficiente para cubrir la seguridad de los 117 mil candidatos que se presentaron este año", dijo.
La investigadora de la MOE aseguró que muchos como Karina García -candidata a la Alcaldía de Suárez, Cauca- contaban con un sistema de seguridad de la UNP y que aun así, fueron asesinados.
"Esa no puede ser la única garantía de seguridad. Los gobiernos deben ir más allá de poner escoltas y camionetas blindadas para protegerlos", insistió.
Gómez señaló que muchas de las amenazas se dieron en un entorno complejo entre las campañas políticas, donde se estigmatizó a los candidatos como guerrilleros y paramilitares.
Además, dijo que tuvo influencia la presencia de varios grupos armados como las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Autodefensas Gaitanistas, que ayudaron a perpetrar es actos de violencia.